Por Santiago Saenz Valiente Contador Publico, Socio De Saenz Valiente Y Asoc.<\/p>\n
El autor repasa las particularidades de la ley vigente para los casos de emergencia o desastre agropecuario y aclara que los beneficios para los afectados ser\u00e1n el diferimiento en el pago del impuesto a las ganancias, a la ganancia m\u00ednima presunta y eventualmente en el impuesto a los bienes personales. \u0093La mezquindad del beneficio es preocupante\u0094, define.<\/p>\n
La situaci\u00f3n clim\u00e1tica vivida en esta campa\u00f1a, ya conocida en a\u00f1os anteriores, amerita no solo declarar la emergencia agropecuaria, sino resolver la cuesti\u00f3n de un fondo antic\u00edclico. Es obvio que la actividad agropecuaria est\u00e1 sujeta a vaivenes y que nada tiene de extraordinaria.<\/p>\n
La ley 26.509 dispuso la creaci\u00f3n de una \u0093Comisi\u00f3n Nacional de Emergencia Agropecuaria\u0094, y le corresponde a ese grupo de representantes provinciales y nacionales declarar la emergencia o desastre indicando las fechas de inicio y finalizaci\u00f3n.<\/p>\n
A\u00fan disponiendo la emergencia agropecuaria, lejos est\u00e1 de ser suficiente para paliar las p\u00e9rdidas que se producir\u00e1n en muchas zonas a pesar de las lluvias registradas en estos \u00faltimos d\u00edas. Cae de maduro la necesidad de reducir o eliminar la aplicaci\u00f3n de las \u0093retenciones\u0094, aunque la esperanza de que as\u00ed sea est\u00e1 lejana. Es un impuesto a los ingresos sin recupero posterior y cuyos gastos son afrontados totalmente por el productor, sin justificativo alguno ante la cotizaci\u00f3n actual de la moneda extranjera.<\/p>\n
Una vez declarada la emergencia a nivel nacional, provincial y municipal, deben individualizarse las explotaciones y cotejarse que se produjo una disminuci\u00f3n de su capacidad productiva mayor al 50% de sus ingresos. La comparaci\u00f3n que se exige para demostrar la p\u00e9rdida de capacidad productiva con el promedio de ingresos de los 2 a\u00f1os previos, es enga\u00f1osa al omitir contemplar la inflaci\u00f3n.<\/p>\n
Una vez obtenido el certificado provincial se presentar\u00e1 ante AFIP junto a una multinota identificando la explotaci\u00f3n, la actividad afectada y el per\u00edodo. Es necesario recordar que no se aplica beneficio alguno para quienes tienen seguros contratados que cubran los da\u00f1os ocasionados. Adem\u00e1s, quienes arrienden a terceros sus predios estar\u00e1n fuera del r\u00e9gimen, siendo una restricci\u00f3n excesiva, pues indirectamente se ver\u00e1n perjudicados por la situaci\u00f3n.<\/p>\n
El Estado deber\u00eda fijar una pol\u00edtica planificada de incorporaci\u00f3n de infraestructura, para aprovechar el agua ca\u00edda en momentos de exceso y disponer su uso ante la sequ\u00eda. Podr\u00eda lograrse con inversiones p\u00fablicas o con deducciones o exenciones impositivas especiales.<\/p>\n
Las ventajas a obtenerse por parte de los afectados ser\u00e1n solo diferimiento en el pago del impuesto a las ganancias, a la ganancia m\u00ednima presunta y eventualmente en el impuesto a los bienes personales. Igualmente correr\u00e1n los intereses resarcitorios con una reducci\u00f3n del 25%, hoy del 36% anual, que ser\u00e1 para ellos del orden del 28%. La mezquindad del \u0093beneficio\u0093 es preocupante.<\/p>\n
A nivel financiero los bancos estar\u00edan ofreciendo en estos d\u00edas cr\u00e9ditos blandos que podr\u00edan ayudar a paliar parcialmente el problema. Sin embargo, falta disponer en la legislaci\u00f3n ventajas fiscales para situaciones post-emergencia que resultan indispensables para recuperar la producci\u00f3n.<\/p>\n
Destacamos que la falta de flexibilidad en los l\u00edmites fijados, del 50% para emergencia y 80% para desastre, produce inequidades, ya que sujetos afectados por porcentuales levemente inferiores perder\u00e1n beneficios. Hubiese sido m\u00e1s l\u00f3gico fijar una proporcionalidad.<\/p>\n
En caso de ser aplicable la emergencia a un contribuyente, \u00e9ste podr\u00e1 usufructuar el r\u00e9gimen de \u0093venta forzosa de hacienda\u0094, que abarca la bovina, caprina, ovina o porcina determinada, en exceso del promedio de cabezas vendidas en los 2 a\u00f1os anteriores. Se permite en esos casos deducir el 100% las ganancias generadas por dichas operaciones en el balance impositivo del ejercicio en que se realizaron las ventas. Para gozar de esa ventaja se debe reponer el 50% de la cantidad de cabezas vendidas forzosamente de la misma especie y categor\u00eda, a m\u00e1s tardar al cierre del cuarto ejercicio desde la finalizaci\u00f3n del desastre. Asimismo, se obliga a mantener la existencia como m\u00ednimo durante dos ejercicios posteriores. En caso de incumplirse con los requisitos deber\u00e1n modificarse las declaraciones del per\u00edodo y abonarse el impuesto con intereses.<\/p>\n
A esta compleja situaci\u00f3n se agrega la reforma de la ley penal tributaria (Ley 26.735), por lo que podr\u00eda caerse entre rejas. Hasta el a\u00f1o pasado se consideraba evasi\u00f3n simple montos superiores a $ 100.000 por a\u00f1o por cada impuesto, con penas de hasta 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n. La nueva situaci\u00f3n corresponde aplicarse a partir de $ 400.000 por a\u00f1o y por impuesto. La evasi\u00f3n agravada pas\u00f3 de $ 1.000.000 a $ 4.000.000, cuya pena no es excarcelable por exceder el m\u00ednimo de 3,5 a\u00f1os de pena con cumplimiento efectivo. Tambi\u00e9n se aplica esta figura cuando se detecte la utilizaci\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas, sin monto m\u00ednimo de perjuicio al fisco.<\/p>\n
Si bien es razonable haber modificado los umbrales de evasi\u00f3n a partir del cual rige la pena de prisi\u00f3n, m\u00e1s razonable hubiese sido fijar una proporci\u00f3n del impuesto total que correspondiere ingresar.En el caso de evasi\u00f3n ante retenciones previsionales al trabajador no depositadas, el monto mensual es de $ 80.000. A partir de este a\u00f1o se agregan los impuestos de orden provincial (sellos, sobre los ingresos brutos) y de la ciudad de Buenos Aires, excluidos en la normativa anterior.<\/p>\n
Un cambio de fondo es el relativo al pago de la obligaci\u00f3n fiscal, que en la ley anterior (ley 24.769) permit\u00eda quedar libre de prisi\u00f3n -aun con proceso iniciado- si el afectado abonaba toda la deuda. Con la nueva normativa la regularizaci\u00f3n para quedar eximido de la pena es admisible exclusivamente si es espont\u00e1nea, es decir, si no se inici\u00f3 inspecci\u00f3n, denuncia, ni otras acciones fiscalizadoras.<\/p>\n
Una novedad preocupante es la extensi\u00f3n de personalidad de la pena a las sociedades, lo cual es doctrinariamente discutida. Ahora las propias personas jur\u00eddicas pueden ser sancionadas con multa de hasta el 50% de la deuda evadida, suspensi\u00f3n de beneficios estatales, quita de autorizaciones para el funcionamiento de la empresa, y hasta la posibilidad de quedar sin personer\u00eda jur\u00eddica.<\/p>\n
Todo esto tendr\u00e1 serias complicaciones en los juzgados. A mi juicio, se deber\u00edan previamente efectuar cambios esenciales en pr\u00e1cticamente todos los impuestos que conforman la estructura tributaria de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
Fuente: Clar\u00edn, Suplemento Rural, 11 de febrero.
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